El índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho mide la discriminación explícita en la ley, los derechos reconocidos legalmente y la provisión de ciertos beneficios, áreas en las que las reformas pueden impulsar la participación femenina en la fuerza laboral.

Los gobiernos pueden utilizar este marco para identificar las barreras que impiden el éxito de la mujer, eliminarlas e impulsar la inclusión económica. Dados los desafíos para el desarrollo económico que afectan desproporcionadamente a las mujeres, incluida la pandemia de COVID-19 en curso, contar con un entorno jurídico que apoye su trabajo es más importante que nunca. Sin embargo, en todo el mundo, todavía existen leyes discriminatorias que están exacerbando las consecuencias negativas para las mujeres en un período ya particularmente difícil.

Miles de millones de mujeres aún no cuentan con los mismos derechosotorgados a los hombres. La puntuación promedio a nivel mundial de La Mujer, la Empresa y el Derecho es de 76,5 sobre 100, lo que indica que en general las mujeres solo tienen tres cuartas partes de los derechos de los hombres en las áreas medidas. Aunque la puntuación promedio es medio punto más alta que en 2020, casi 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar en todo el mundo aún no tienen las mismas oportunidades económicas. Solo 12 economías alcanzan una puntuación de 100, indicando que las mujeres tienen las mismas condiciones jurídicas que los hombres en todas las áreas medidas. Las brechas más persistentes se mantienen en los ámbitos de Remuneración y Parentalidad, lo que demuestra que muchas economías todavía tienen que eliminar restricciones o introducir buenas prácticas legales y beneficios.
A nivel regional, las economías de ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Europa y Asia central, y América Latina y el Caribe tienen las puntuaciones promedio más altas. Oriente Medio y Norte de África tiene la puntuación promedio más baja con 53,0 puntos. No obstante, en todas las regiones hay gobiernos que están adoptando buenas prácticas legales y otros que aún tienen margen de mejora.

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