En el año del #Cuéntalo, de la Huelga Feminista, de la sentencia de La Manada que sacó a las calles a miles de mujeres y provocó la indignación social sobre la #JusticiaPatriarcal, al menos 46 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas (10 de ellas solo en el denominado “septiembre negro”), una de cada cinco mujeres en España sufre abusos en las redes sociales y entre enero y junio de 2018 se denunciaron más de cuatro violaciones al día.

Han pasado 70 años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firmó cuando en España todavía las mujeres no podían divorciarse, y tenían que pedir permiso a sus maridos para poder trabajar o cobrar un salario, abrir cuentas bancarias u obtener su pasaporte y su carnet de conducir. Hasta 1981 la mujer solo podía pasar de niña a esposa: una mujer soltera se consideraba a efectos jurídicos como una menor, y no podía abandonar la casa sin el consentimiento paterno. De casada, su falta de autonomía permanecía intacta: se trasladaba de padre a marido, quien podía hasta disponer de los bienes comunes sin su consentimiento.

Un año de Pacto… y de 46 asesinadas

Después de que en los últimos 15 años al menos 974 mujeres hayan sido asesinadas, por fin se han dado cuenta de la necesidad de crear un Pacto de Estado contra la violencia de género, un paquete de 212 medidas acordadas por los diferentes partidos políticos, organizaciones de mujeres y de derechos humanos, personas expertas, etc., para detener la violencia contra las mujeres. Un acuerdo que reconoce la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización, aboga por que el reconocimiento de la víctima no puede quedar supeditado a la interposición de una denuncia, y asegura que los huérfanos y huérfanas de violencia de género tengan garantizada una prestación.

Sin embargo, y además de que su puesta en práctica hasta ahora ha sido lenta y de que falta que se concreten las medidas y con presupuesto suficiente, contiene dos grandes ausencias: una verdadera política pública para combatir la violencia sexual y propuestas integrales para reparar a las víctimas mediante una indemnización adecuada y con garantías de no repetición.

Ya no pasa desapercibido en los medios de comunicación, como sucedía hace siete décadas, que muchas, demasiadas mujeres, son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta la fecha al menos 46 mujeres habían sido asesinadas a manos de parejas o ex parejas en 2018, diez de ellas solo en el denominado “septiembre negro”, aunque podrían ser muchas más, puesto que en estas estadísticas solo se cuentan las mujeres que han tenido algún tipo de relación con sus asesinos, y no todas aquellas que han muerto por violencia de género. Además, desde 2013, al menos 27 menores fueron asesinados por la misma razón, tres de ellos en este año.

Unas cifras tan alarmantes que cuesta “celebrar” que por fin el Tribunal Supremo condenara a España a cumplir el Dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) e indemnizar a Ángela González, una mujer cuya hija fue asesinada por su exmarido maltratador en una de las visitas no vigiladas que le fueron concedidas a pesar de las denuncias de malos tratos. Quince años de luchas judiciales le ha costado a Ángela que el sistema judicial español reconociera el peligro que ambas corrían, cuatro desde que la CEDAW, el segundo tratado más ratificado del mundo, con 189 estados firmantes, lo advirtiera.

 

 

 

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